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El líder de SUTEBA afirmó que la vuelta a clases no va a ser "como la conocimos hasta ahora" debido a que la infraestructura no permitiría "guardar la distancia necesaria y cumplir con los protocolos".

 

La continuidad de las clases con presencia de los alumnos en las aulas es una preocupación de los propios estudiantes, padres, docentes y de las autoridades de la Provincia y de la Nación. Las últimas definiciones al respecto de parte del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, supeditan la "normalidad" educativa a la aparición de una vacuna que termine de manera definitiva con el coronavirus.

 

Mientras tanto hay margen para el debate. Hoy, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, dio su mirada sobre cómo y cuándo podría dar el regreso de las clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

 

Debido a la alta concentración de alumnos que significaría una vuelta normal a clases, el líder gremial admitió que "se está discutiendo" la posibilidad de fragmentarla por turnos y que, como mínimo, sería después de las vacaciones de invierno.

 

"Los pronósticos más optimistas hablan de después del receso de invierno, en agosto o septiembre. Lo más pesimistas dicen más allá de octubre", dijo Baradel "Esto depende de la curva de contagios, de cómo esté la situación en ese momento", agregó.

 

A pesar de que prefirió "no hacer futurología", Baradel afirmó que "lo que sí no va a pasar este año es que se vuelva a la escuela como la conocimos hasta ahora". "La vuelta no va a ser la misma, no da la estructura", sostuvo sobre la imposibilidad en términos edilicios "para guardar la distancia necesaria y cumplir con los protocolos por la concentración de chicos".

 

De todos modos, también reveló que "le estamos pidiendo a la Dirección General de Cultura y Educación y al Ministerio de Educación de la Nación es que se podría elaborar un programa puntual para aquellas escuelas que no son seguras y aprovechar este tiempo para poder repararlas y que estén en mejores condiciones".

 

Una medida en la que se avanzó parcialmente antes del inicio del ciclo lectivo actual a partir de una iniciativa del Gobierno que distribuyó unos 800 millones de pesos para poner en condiciones los establecimientos educativos más deteriorados pero que, a la postre, no resultó suficiente.