“Cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer”, le dijo un subcomisario al abogado de la familia. Fue ante testigos y minutos antes de que la propia madre del joven desaparecido se hiciera presente en el basural de Mayor Buratovich donde se buscaban supuestos restos humanos.

 

Este domingo los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, patrocinantes de la familia de Facundo Astudillo Castro en la causa por “desaparición forzada” que se tramita en el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, incorporaron más elementos de prueba al expediente que siguen corroborando la participación directa de la Bonaerense en el caso. Y no precisamente para “hacer justicia”.

 

Como ya se informó, en horas de la noche del sábado se realizó un operativo en un basural del pueblo de Mayor Buratovich, lugar en el que se lo vio por última vez al joven de 22 años la tarde del jueves 30 de abril. Además de varias irregularidades metodológicas y de que, según los propios forenses de la Policía Federal, los restos calcinados hallados no pertenecen a un ser humano, se dio una circunstancia grave que sigue victimizando a la familia de Facundo.

 

Según el escrito que presentó la querella ante la jueza federal María Gabriela Marrón (al que tuvo acceso este diario), a las 17:20 del sábado el abogado Luciano Peretto recibió un llamado telefónico y varios mensajes de WhatsApp de un vecino del pueblo de Pedro Luro (donde viven Facundo y su familia).

 

En esos mensajes el vecino le manifestaba al letrado que “le habían avisado desde Mayor Buratovich” que unos jóvenes que deambulaban por el “basurero viejo” de esa localidad habían publicado en redes sociales que “habían encontrado restos óseos de lo que a simple vista podrían corresponder a un humano”.

 

Peretto inmediatamente decidió pasar a buscar al hombre (que tenía la ubicación precisa del lugar) para ir lo más rápido posible en afán de preservar cualquier tipo de prueba que sirva a los efectos de la investigación de la desaparición de Facundo. Cuando Peretto llegó a la casa del vecino, éste se encontraba con otro poblador de Pedro Luro que, además, es concejal del partido de Villarino (al que pertenece el pueblo).

 

Vale decir que Peretto volvía de la movilización que el vecindario de esa localidad del extremo sur bonaerense realizó para acompañar a la familia Astudillo Castro en el reclamo de verdad y justicia para Facundo.

 

Cuando llegaron al basural vieron que allí ya estaba apostado un patrullero de la Policía Bonaerense y una camioneta tipo Renault Kangoo gris o blanca (era de noche y no se terminó de distinguir). Enseguida el abogado Peretto les dijo que “debían retirarse de allí” ya que la Bonaerense está “apartada de la investigación”, lo que motivó el provocador descenso de cinco efectivos de ambos vehículos.

El procedimiento estaba comandado por el subcomisario Pablo Reguillón. Entre los oficiales identificados también estaba el agente Gonzalo Choque.

 

“Producto de la discusión allí producida, en un momento de ella, el agente

Reguillón le refiere casi textualmente al Dr. Peretto ‘Vos quédate tranquilo, que yo me estoy guardando todos los link de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo se bien lo que tengo que hacer…”, dice textualmente el escrito presentado ante el Juzgado de Bahía Blanca. Los dos vecinos con los que Peretto había llegado al lugar escucharon todo.

 

Enseguida el letrado llamó a la Fiscalía Federal, a cargo de Ulpiano Martínez, “haciéndoles saber que arribaban de manera incesante efectivos y móviles de la Policía Bonaerense” al lugar. Sólo cuando el propio fiscal lo ordenó, esos móviles y agentes se retiraron de la escena.

 

Tras esos hechos gravísimos, de amenaza declarada de una alta jerarquía de la fuerza provincial, logró llegar la madre de Facundo, Cristina Castro, acompañada de dos amigos. Allí Peretto les contó lo sucedido y, al rato, llegó una delegación de la Policía Federal (que interviene en la investigación a las órdenes del fiscal Martínez y de la jueza Marrón), cuyos forenses analizaron lo hallado en el basural y descartaron prima facie que se tratara de restos humanos.

 

En el escrito, la familia de Facundo también exige al fiscal del caso que no deje margen a dudas sobre sus verdaderas intenciones de investigar el caso. Por ejemplo, no permitiendo que se den situaciones como las de este sábado.

 

“Los 120 kilómetros que nos separan de Bahía Blanca son demasiado en materia de tiempo que implica el desplazamiento, debiendo poner el cuerpo, la seguridad personal y todo lo que ello implica en procura de preservar una posible escena del crimen, la seguridad de testigos y familiares y cualquier otro posible y probable hecho”, protestaron Cristina Castro y sus abogados.

 

“Entendemos lo relatado como de una enorme gravedad institucional, de una enorme exposición personal de los allí implicados y que sin lugar a duda alguna nos coloca en la urgente tarea de minimizar las posibilidades de que vuelva a repetirse en el futuro, siendo ello probable porque frente a la hipótesis de que la desaparición forzada pudo haber operado en el Partido de Villarino, resulta a todas luces necesario que se disponga de los medios y diligencias necesarias para preservar la seguridad de las cosas y las personas que forman parte de la investigación”, finaliza la presentación.

 

Según fuentes ligadas al caso, desde Asuntos Internos de la Policía Bonaerense informaron, con bastante poca formalidad, que el subcomisario Pablo Reguillón ya fue “rajado”. Lo que, conociendo el prontuario de quienes se encargan de investigarse a sí mismos (eso es “asuntos internos” de la Policía), no sería otra cosa que un desplazamiento del jerarca policial a otras tareas menos expuestas o bien a otra dependencia de la provincia de Buenos Aires. De manual.

 

Como se dijo en este mismo sitio, el prontuario de la Bonaerense tiene una larga lista de maniobras distraccionistas y "operativos" que nunca llevan a nada en casos de extrema gravedad como estos. Lógicamente el operativo encubrimiento no podría funcionar sin buscar desmoralizar a las víctimas con pistas falsas o pruebas plantadas para embarrar la cancha.

 

No se sabe aún si lo de este sábado a la noche se trató de ese recurso, parte del "manual de operaciones" de la Policía y sus secuaces políticos y judiciales. Las amenazas que hoy denuncia la querella, hace presumir que nada de todo eso fue improvisado.