Al igual que en Rivadavia, el Gobierno nacional avisó que este año el techo del aumento es del 30% y sin clausula gatillo


Hace más de un mes desde la gestión Reynoso se había decidido dar un 20% de aumento en enero y otro 10% a mitad de año. La Casa Rosada quiere que las subas estén en línea con la inflación del 29% que proyecta Economía. Ratificaron que no habrá bonos masivos de $ 10.000 (IFE) ni programa ATP.

El Gobierno quiere que este año las paritarias tengan un techo del 30%, sin cláusula gatillo, de manera que los salarios estén en línea con la inflación que Economía proyecta en el 29% para 2021. Y que a lo sumo los salarios superen en 1 ó 2 puntos la suba de los precios. No más.

También ratificó que las ayudas oficiales se limitarán a los sectores críticos afectados por la pandemia y que no habrá, como el año pasado, ni bonos masivos de $ 10.000 (IFE) ni programa ATP ( pago de una parte de los salarios del sector privado).

Tras esos objetivos, la administración de Alberto Fernández buscar armar un acuerdo general de la CGT y las centrales empresarias para desalentar las expectativas de que las paritarias de este año recuperen las pérdidas salariales de los últimos 3 años y esa mejora salarial se traslade a los costos empresarios y luego a los precios.

El acuerdo UIA-CGT en torno a las suspensiones por la pandemia, con el pago reducido de hasta el 25% de los salarios, es un antecedente del tipo de acuerdo social que pretende.

“No queremos ni que los aceiteros, ni Baradel (por los docentes) ni Moyano (por los camioneros) nos marquen la pauta salarial de este año”, admiten los funcionarios.

Según los últimos datos (octubre 2020) del Ministerio de Trabajo, los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado que conservaron sus puestos de trabajo se redujeron en 12 meses un 2,3% y acumularon una caída del 13% respecto de octubre de 2017. En el sector público, la pérdida salarial es superior.

Tras ese objetivo, Economía avanza con diversas iniciativas. Luego de los acuerdos por los precios de la carne vacuna y el maíz, apunta ahora a las cadenas del trigo y el girasol. Los precios de los alimentos son los que más inciden en la medición de inflación y en los valores de las canastas básicas de indigencia y pobreza.

En la reunión del Gabinete Económico del miércoles pasado, el ministro de Economía, Martin Guzman, dijo que el “pilar central para atacar la problemática inflacionaria es el esquema integral de política macroeconómica, que incluye a la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. Para hacer realidad los objetivos definidos en la ley de Presupuesto 2021, el Estado tiene un rol en la gestión de coordinación en pos de alinear expectativas con los objetivos inflacionarios a los que se apunta”.

Y avanzó un casillero más: “Las políticas coordinadas de precios y salarios que se buscan establecer durante 2021 cumplen este rol complementario del esquema de política macroeconómica”, señaló Guzmán, en un mensaje dirigido a la CGT y a las centrales empresarias.

Por de pronto, la CGERA (Confederación Empresaria de la República Argentina, afín al oficialismo y que nuclea a empresas Pymes), respaldó de inmediato la “iniciativa” oficial que calificó de “pacto social” “para que el sector privado, el Gobierno y los gremios establezcan acuerdos de precios y salarios para alinear las expectativas de inflación”.

Aunque Economía proyectó que este año la inflación no superaría el 29%, las estimaciones privadas son muy superiores. A fines de diciembre pasado, en el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) que difunde el Banco Central proyectaron que la inflación minorista para diciembre de 2021 se ubicará en 49,8%.

El “pacto social” de Guzmán busca achicar esa brecha y que las consultoras privadas mes a mes revisen hacia abajo sus proyecciones inflacionarias.

En la reunión del Gabinete Económico del miércoles se ratificó que este año no habrá ni IFE, por los 3 bonos de $ 10.00, ni tampoco ATP, por el que el Estado en 2020 pagó una parte de los salarios privados del sector privado, por el costo fiscal de esos programas.

Se definió que las ayudas estarán concentradas el programa REPRO II por el que se otorga -previo cumplimiento de los requisitos y condiciones del programa- una suma mensual de hasta $ 9.000 a los trabajadores de las empresas que atraviesan una situación crítica por la pandemia adheridas al programa. En forma complementaria hay ayudas especiales, como la eximición hasta el 31 de marzo del pago de las contribuciones patronales al sector de Salud.

Info: Clarín


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