¿Es momento de discutir la autonomía de los Municipios?


La Provincia decidió combatir la pandemia de coronavirus con una gestión centralizada. ¿Fue la mejor decisión, o hubiese sido mejor darles más autonomía?

La pandemia de coronavirus Covid-19 no sólo cambió la realidad del mundo, del país y por supuesto de la Provincia, sino que además puso nuevamente sobre la mesa un tema que se desempolva cada cierto tiempo: La autonomía de los municipios bonaerenses.

A lo largo de los seis meses que lleva la pandemia en nuestro país hubo un importante número de conflictos entre las distintas administraciones municipales y la autoridad central de la Gobernación. Roces que quizás se hubieran evitado si cada ciudad tuviera su autonomía. Así lo ven, por ejemplo, algunos intendentes, que le pidieron a Axel Kicillof mayor independencia a la hora de poder tomar decisiones.

La primera respuesta de la Provincia a la pandemia fue alinear y unificar conceptos. Kicillof centralizó las decisiones respecto a las actividades permitidas, y a su vez se alineó a las decisiones del Gobierno Nacional que administra su correligionario Alberto Fernández.

A partir de criterios generales implementó un sistema de fases que abarcó a cada uno de los municipios, sin discriminar contextos, trazados urbanos, actividades económicas, cantidad de habitantes, cantidad y tipos de espacios verdes, capacidad del sistema de salud, etc.

El único criterio que tomó la Provincia para catalogar a los municipios por fases fue la situación epidemiológica: Cantidad de casos, duplicación de casos y si había o no transmisión comunitaria.

En un primer momento fue muy útil, y la “fase 1” del 19 de marzo, que para abril ya había evolucionado en “fase 3”, fue implementada sin cuestionamientos por cada Municipio. El temor ante una enfermedad altamente contagiosa y completamente desconocida, las imágenes del colapso en países y ciudades mucho más preparadas en lo sanitario, y el autodiagnóstico de un pobre estado del sistema de salud condicionaron esa decisión de aceptar sin reproches el mandato de Kicillof y Alberto.

Incluso sobrepasaron las precauciones que estableció la Provincia, y apareció el primer conflicto por la autonomía: Hubo localidades que decidieron de forma independiente cortar rutas y bloquear accesos o caminos rurales con tierra, para aislarse completamente pese a no tener casos positivos, por temor a la llegada del virus.

Inmediatamente, desde la administración de Kicillof ordenaron liberar las rutas provinciales, y los intendentes accedieron a regañadientes, pero mantuvieron cerrados los caminos rurales y accesos alternativos a cada municipio, con el pretexto de focalizar los controles.

Con el paso del tiempo la situación epidemiológica evolucionó, y las necesidades se modificaron. De a poco, comenzaron a notarse las diferencias y necesidades de cada Municipio, y no sólo el sistema de fases empezó a ser “incómodo” para las distintas administraciones, sino que también la gestión de recursos: El Área Metropolitana de Buenos Aires se llevó la principal atención de la Provincia, que no dudó en brindarle todo lo necesario para enfrentar la pandemia a un territorio que concentra el 63% de la población bonaerense en 2.387 km2, de los 307.571 km2 que tiene de superficie total Buenos Aires.

Así surgieron otros dos conflictos entre los municipios y la Provincia, puntuales y molestos: El despliegue de agentes policiales de la Bonaerense, y la distribución de los cajeros automáticos del Banco Provincia. Ambos recursos fueron quitados de los municipios del interior, que reclamaron airosamente la quita de los mismos, para distribuirlos en el Área Metropolitana.

El caso de Pila, el municipio del intendente Gustavo Walker, fue paradigmático respecto al traslado de policías. La Policía Bonaerense comandada por el ministro de Seguridad Sergio Berni, ordenó el traslado al conurbano de 47 efectivos policiales, y dejó a la ciudad con apenas 32 agentes para 5.000 habitantes. Después de la queja del intendente, fueron devueltos.

Punto y aparte, los traslados de los policías desde los municipios hacia el conurbano bonaerense, epicentro del Covid-19 en abril, y luego el retorno a cada distrito, fue una de las principales causas de contagios hacia el interior de la provincia.

En el caso de los cajeros automáticos, el Banco Provincia dispone de cajeros móviles para atender los grandes cambios de demanda en la costa atlántica durante la temporada de verano. Pero en el caso de Mar de Cobo, un balneario con 760 habitantes fijos, quedó sin el único cajero automático que había durante el año, ya que el Banco Provincia lo reasignó al conurbano por la pandemia. Para sacar plata, los vecinos debían moverse hasta Mar Chiquita y rezar para que el cajero fijo tuviese dinero. El resto de los municipios costeros y balnearios sufrió una situación similar.

Para mayo, la situación epidemiológica del interior bonaerense era muy buena. Pocos casos, y la mayoría en ciudades grandes y con capacidad de respuesta. Sin embargo, la administración provincial sostuvo el fuerte aislamiento para preparar el sistema de salud, y la mayoría de las actividades seguía cerrada de forma preventiva.

Así fue que con el correr de los días, los municipios empezaron a sufrir la falta de financiamiento, especialmente aquellas ciudades cuya fuente de ingreso no es la actividad agropecuaria -que se mantuvo como “esencial” y nunca se detuvo-, sino la actividad comercial. Ciudades que ya tenían un déficit previo, como Olavarría, acrecentaron los números rojos por el fuerte parate que sufrieron los comercios. Una nueva diferencia que el sistema de fases global no contempla.

Algunos municipios buscaron alternativas con nuevos impuestos. Fue el caso de Castelli, que le impuso una tasa extraordinaria a la actividad agropecuaria, o el de Vicente López y Hurlingam, que establecieron un gravamen sobre los bancos para paliar el déficit económico, pese a tener que enfrentar planteos judiciales, o en el mejor de los casos pagar el costo político de los cuestionamientos.

No todo fue negativo. En junio la Provincia diseñó y comenzó a distribuir un fondo especial a través de convenios de asistencia financiera. En total distribuyó $3.000 millones de los cuales $991,7 millones fueron a la primera sección, $789,8 millones para la tercera, $370,1 millones para la quinta, $271,8 millones para la sexta, $219,8 millones la cuarta sección, $159,4 millones la segunda, $103,8 millones la séptima y $93,6 millones la ciudad de La Plata (octava sección).

 

 


A ese fondo se sumaron las líneas de crédito de Provincia Leasing, que repartió otros $1.000 millones a los municipios para optimizar los sistemas de salud y garantizar los servicios esenciales; y $2 mil millones de pesos para los Fondos de Infraestructura Municipal (FIM). Todo esto sin contar la inversión directa al sistema de salud provincial, equipamiento y recursos humanos destinados exclusivamente a combatir la pandemia, que el Gobierno Provincial estima en $22.000 millones.

La opinión de los funcionarios

Con estos datos, quedan preguntas en el aire: ¿La administración centralizada de recursos, y de situaciones de crisis como la pandemia es mejor o peor para los municipios que la administración descentralizada y municipal? ¿Podría haber hecho cada intendente una gestión más adecuada, conociendo mejor las fortalezas, debilidades, contextos y necesidades de cada municipio?

Es difícil de precisar, y seguramente la respuesta sea diferente según el municipio. El primero en plantear la necesidad de una gestión independiente fue el intendente de Castelli, Francisco Echarren, que inclusó impulsó una Carta Orgánica y llevó el pedido a la Corte Suprema de Justicia para que su cuidad sea declarada autónoma.

“Es una locura que nos rija una Ley Organica Municipal, que sancionó la Dictadura de 1958, donde es lo mismo La Matanza que un pequeño municipio del interior”, planteó Echarren, y señaló que “después del Covid-19 se viene un mundo más complejo: vamos a tener que repensar nuestro sistema sanitario, nuestra economia, la distribución de la riqueza y el sistema productivo”. Además, sostuvo que le mostró el proyecto a Kicillof, y que el gobernador se mostró interesado en el mismo.

El senador provincial Francisco Durañona, ex intendente de San Antonio de Areco y uno de los impulsores y militantes de la autonomía municipal, opina diferente. Tras ser consultado, señaló que “no se puede en este momento experimentar con modelos de municipalismo y decisión autónoma, sino que conviene fortalecer la coordinación estratégica desde la articulación con las autoridades nacionales y provinciales”.

Sin embargo, Durañona sostiene que “fuera de eso, que es extraordinario, creo que el siglo XXI requiere una profunda discusión sobre la regionalización y una nueva organización en la Provincia. Debemos sumarnos a un debate que ya viene de hace tiempo y que sin lugar a dudas no se puede esperar más”.

En ese sentido, durante la pandemia el principal planteo de los Municipios fue la necesidad de tener mayor autonomía para la habilitación de actividades, cortadas por el sistema de fases hecho a la medida del Área Metropolitana de Buenos Aires, pero que no reflejaba su situación particular.

Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca y Olavarría fueron algunas de las ciudades “rebeldes”, que manifestaron la necesidad de romper con el sistema de fases, ya que les exigía requisitos difíciles de cumplir basados exclusivamente en la evolución de casos. Un poco por la presión de los comerciantes, otro poco por la necesidad de recaudación, los municipios se “rebelaron” y buscaron tomar las riendas del manejo de la pandemia.

Mar del Plata creó su Comisión Especial para la Reactivación Económica, y se apoyó en el Concejo Deliberante para habilitar nuevas actividades sin el aval de la Provincia. Bahía Blanca, Tandil, Olavarría y Azul implementaron la “Fase 4 ampliada”, una reversión de la “fase 4” impuesta por el gobierno de Kicillof con permisos específicos para cada ciudad.

Posted by Intendente Miguel Lunghi on Wednesday, September 9, 2020

Los ministros provinciales Carlos Bianco, Teresa García y Daniel Gollán fueron los principales opositores a la autonomía de cada ciudad en esta situación. Según ellos, la gestión de la pandemia debía ser siempre centralizada, y las ciudades debían esperar el “ok” de la Provincia para habilitar nuevas actividades o avanzar de fase, y se apoyaron en la asistencia que le brindaron a cada municipio.

“Estamos muy lejos de discutir la autonomía municipal, esta no es la oportunidad. Además, la que asiste a los municipios desde el punto de vista financiero, de insumos y logística es la Provincia”, manifestó Teresa García en junio, cuando algunos municipios, especialmente Tandil, plantearon que necesitaban una gestión municipal.

Dos meses después, Tandil oficializó su rebeldía y anunció que abandonaba el sistema de fases para incorporar uno propio: El “semáforo”, bajo la justificación de “estar cerca y actuar rápido”.

“Todos los gobiernos municipales son eso, gobiernos de cercanía. El nuevo sistema con que enfrentamos la pandemia tiene a la cercanía, al conocimiento de nuestro territorio y a la velocidad en la toma de decisiones, como el corazón de su mecanismo”, destacó el intendente Miguel Lunghi respecto al nuevo sistema implementado.

La autonomía tiene una importante consecuencia: Afrontar la responsabilidad. Lunghi rompió con la Provincia porque Tandil cuenta con un sistema de salud que lo respalda, al igual que ocurre en diferente medida con Bahía Blanca o Mar del Plata, que no implementaron el semáforo pero lograron cierto margen para habilitar actividades “por su cuenta”.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, le había anticipado a INFOCIELO que pretendía lo mismo para su municipio, y en la última reunión virtual con el gobernador Axel Kicillof por el Fondo de Infraestructura Municipal le pidió que habilite a todos los municipios a implementar el semáforo.

“Por ahí el sistema de fases hay que reevaluarlo entre todos. La Provincia de Buenos Aires es muy heterogénea. No es lo mismo una ciudad que está al lado de la ruta 7, como la nuestra, que una que no lo está. La cantidad de casos varía mucho de una ciudad a otra. Quizá eso hay que evaluarlo entre todos y aportar nuestra mirada cada uno”, indicó el intendente de Chacabuco. “Tomo la sugerencia” le respondió el Gobernador, pero finalmente la descartó.

Aiola, que gestiona 10 camas de terapia intensiva para 50.000 habitantes no se animó a romper el sistema de fases y la cobertura de la Provincia e implementar el “semáforo” de Tandil, donde Lunghi gestiona 42 camas UTI (el cúadruple) para 117.000 habitantes (poco más del doble).

Ni hablar casos más drásticos, como Monte Hermoso, que Alejandro Dichiara mantiene cerrado y tuvo que prohibir el ingreso -y aguantar el enojo- de los propietarios no residentes, ya que no dispone de ninguna cama de terapia intensiva ni respirador. El más mínimo brote de contagios sería una catástrofe para el balneario.

Respecto a eso, el senador Durañona remarcó que cada municipio del interior enfrenta una realidad diferente. Sin embargo, indicó que “las diferencias que hay respecto a la presencia de la Provincia en el interior en cuanto a centros de salud, educativos, de acceso a la vivienda, de desarrollo agroindustrial, o del empleo… Tantas cosas que generan profundas diferencias entre los municipios del interior se dan permanentemente, y no sólo en este contexto”, e insistió con que no es momento de discutirlo.

En la charla con los intendentes por el FIM, el gobernador Kicillof también dejó en clara su postura sobre la autonomía municipal durante el contexto de la pandemia de covid-19. “Cortarse solo es la peor solución”, le dijo a los intendentes. Y señaló que “todo el tiempo estamos mirando como reevaluar el sistema de fases. Si tuviéramos un sistema muy heterogéneo entre municipios vecinos se plantearían dificultades”.

Tiene un punto. Desde la administración centralizada, logró que el sistema sanitario no colapse -por el momento-, y que la ayuda se focalice en los municipios que más lo necesitaban, especialmente en los del Área Metropolitana de Buenos Aires. Hizo llegar fondos y equipamiento a toda la Provincia, y logró que el sistema de salud esté integrado.

Sin embargo, discriminó en el reparto y en la atención a los municipios del interior en comparación a los del AMBA, y con el sistema de fases también ahogó financieramente a algunos distritos, que podrían haber aprovechado su contexto particular (espacios amplios, lejanía de las principales rutas, un fuerte sistema de salud municipal, etc) para sostener ciertas actividades con un control municipal. Sin dudas, el sistema impuesto no se ajustó de la mejor forma a las necesidades de cada municipio.

Quizás Axel Kicillof, Teresa García y Francisco Durañona tengan razón. Probablemente una pandemia no sea el mejor contexto para discutir la autonomía municipal de los 135 municipios de la Provincia, aunque las inquietudes de intendentes como Francisco Echarren, Miguel Lunghi o Víctor Aiola son más que válidas. Pero sin dudas hay que retomar una discusión que se niega desde el plebiscito de 1990, en la que se cortó de raíz la propuesta del ex gobernador Antonio Cafiero que tenía puntos interesantes, y sostuvo una Ley Orgánica anticuada, de 1958, bajo un gobierno de Facto y que no responde a las necesidades actuales de los municipios.

Aunque no forma parte de la agenda central de la gestión, el espíritu está en la Legislatura, donde los representantes de cada sección electoral conocen la necesidad de los municipios de modificar la dependencia de la Provincia. “Hay mucho consenso de que es necesaria una reforma”, concluyó Durañona. Sin dudas, cuando pase la pandemia.


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