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En la última sesión los ediles pidieron que la Suprema Corte y el Ministerio de Justicia bonaerenses intervengan para dar solución a la situación irregular que atraviesa el Juzgado de Paz Letrado local, desalojado por la propia Justicia y trasladado de apuro al Centro Cívico.
El proyecto hizo hincapié en las dificultades que se generan en el servicio para los vecinos y la inacción de la Provincia ante un conflicto que data de años y por el que tuvo que salir el Municipio a poner parches.
El proyecto fue defendido por la concejal Marcela Lescano, quien dejó por un momento la presidencia del cuerpo legislativo para ocupar una banca. La concejal señaló la gravedad de la situación dado que el Juzgado, además de intervenir en diversas cuestiones de derecho civil y comercial, atiende temas delicados y sensibles como violencia de género, violencia doméstica o temáticas que involucran a niños.
Según los fundamentos del proyecto, sólo en 2022 se iniciaron un total de 202 causas judiciales en materia civil y comercial, 277 en materia de familia, 220 relacionadas con violencia familiar y género, 41 en materia de faltas y contravenciones y 21 requerimientos a través de oficios y exhortos remitidos por organismos de otras jurisdicciones.
La concejal Lescano también subrayó la falta de pago a defensores ad-hoc, que son quienes por sorteo defienden a personas de bajos recursos, y asesores ad-hoc, también elegidos por ese sistema
Además, señaló que el intendente Javier Reynoso en los últimos años puso a disposición un terreno para construir un juzgado. Y también ofreció a la Corte un inmueble. Jamás recibió respuesta a sus propuestas.
La concejal Lescano remarcó la necesidad de una solución a la brevedad teniendo en cuenta los casos de violencia, donde las víctimas deben tener un lugar apropiado para expresar la situación. No deberían tener que hacerlo en lugar donde se comparte el espacio con múltiples dependencias estatales.
También intervino el presidente del bloque de Rivadavia Primero, Mauro Mercado, quien señaló que “otra vez” el Municipio debió salir a responder cuando las papas queman. Consideró que este problema es responsabilidad de todo el estado provincial. Ello, teniendo en cuenta que los recursos de la Justicia van incluidos en el Presupuesto General que elabora el Ejecutivo provincial. Y que posteriormente lo aprueba la Legislatura. Finalmente es la Suprema Corte quien lo ejecuta.
Por esta responsabilidad compartida es que se aprobó un pedido para que el presidente de la Suprema Corte y el Ministerio de Justicia “fijen una audiencia con carácter urgente con la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia, Dra. Leandra Lopez, a efectos de abordar las problemáticas relacionadas con el funcionamiento del Juzgado de Paz Letrado de Rivadavia, en materia edilicia y de recursos humanos”. También pidieron al Ministerio de Hacienda para que, junto al de Justicia, arbitre “los medios necesarios a fin de reubicar a inmueble adecuado y acorde a sus necesidades”.
