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POR PRENSA DE RIVADAVIA PRIMERO
Un informe del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires ha encendido la alarma en Rivadavia, confirmando una serie de graves irregularidades en la gestión municipal durante el ejercicio 2024. Los concejales de la oposición han denunciado que el gobierno local pagó indebidamente más de $52 millones en sobresueldos y gastos injustificados, un hecho que un organismo técnico provincial acaba de admitir. La noticia es un duro golpe para la transparencia en el municipio, ya que el dictamen del Tribunal ratifica, punto por punto, las advertencias de la oposición.
El concejal Jorge Pablo Rosolén, presidente del Concejo Deliberante, calificó el hallazgo como “inédito” en la historia política de Rivadavia y se mostró “amargado” por la situación. “Lo que antes era una cuestión política, ahora es una afirmación de un organismo técnico imparcial”, sentenció, destacando que el informe es “una mala noticia para la sociedad” y que los miembros del Tribunal de Cuentas son designados por el gobierno provincial peronista, es decir, del mismo signo político que el gobierno local del intendente Martínez.
Pagos millonarios y denuncias corroboradas
El documento del HTC, de 58 páginas, no solo avala las denuncias de la oposición, sino que añade más irregularidades. Según Rosolén y el concejal Segundo Bertero, el informe detalla que la gestión de Martínez pagó más de $23 millones en “bonificaciones por prácticas o tareas especiales”, “gastos de representación” y “bonificación por actividad exclusiva” a funcionarios políticos y personal no autorizado. El concejal Bertero remarcó que estos pagos no estaban contemplados en las ordenanzas salariales y que, por lo tanto, “se usó el dinero de los vecinos para dar sobresueldos a funcionarios políticos y directores”. Bertero explicó que la suma total de estos pagos, incluyendo los realizados en 2025, asciende a más de $52 millones.
El HTC es categórico al respecto, estableciendo que las bonificaciones sólo pueden ser percibidas por empleados de planta permanente o temporaria y en cargos específicos, y que los funcionarios políticos no están incluidos en esa categoría. Entre los beneficiarios de estos pagos se encuentran el secretario privado, el jefe de taller, el jefe de bromatología, la directora de seguridad del hospital y el director vial, entre otros, a los que se les asignaron montos que oscilan entre $1.3 millones y $3 millones por persona en 2024. Bertero concluyó su intervención asegurando que cada peso de estos cobros indebidos deberá ser devuelto por los funcionarios involucrados.
Combustible para autos privados y otros desmanejos
Los concejales también resaltaron que el Tribunal de Cuentas verificó el uso de fondos municipales para pagar combustible en vehículos particulares. Según el informe, se gastaron más de $1.2 millones en nafta para autos privados de funcionarios y contratados, como la tesorera y el exsecretario de Hacienda. El Tribunal advirtió que estos pagos se realizaron sin la autorización previa del intendente y sin cumplir con los requisitos formales.
Además, el dictamen del HTC señala otras irregularidades graves, como el desvío de fondos del Fondo Educativo, del cual se recibieron $559 millones, pero se destinó sólo el 2.2% a infraestructura escolar, incumpliendo la normativa que exige un 40%. También se mencionan el exceso de 111 cargos en la planta de personal no autorizados por presupuesto, contratos de obra y servicios que en realidad encubren empleos, pagos a monotributistas para funciones permanentes, demoras en el registro de contratos y la falta de intimaciones a contribuyentes morosos, lo que aumenta el riesgo de prescripción de deudas.
La posición de la oposición y el futuro de la gestión
Los concejales de Rivadavia Primero subrayaron que, si bien el informe es una “mala noticia”, es una ratificación de su trabajo como contralores. La oposición recordó que siempre trataron de ser constructivos e incluso le advirtieron a los concejales oficialistas de estas irregularidades para que pudieran corregirlas antes de que se formalizaran las denuncias, pero no fueron escuchados. La noticia ahora es pública y el Tribunal de Cuentas ha manifestado su posición.
En cuanto al futuro, el HTC podría considerar como “responsables ‘prima facie'” a varios funcionarios, incluyendo al intendente Juan Alberto Martínez. El concejal Rosolén también señaló que el presupuesto 2025 aún no ha sido presentado por el Ejecutivo, a pesar de que estamos casi en septiembre, lo que podría generar más inconvenientes administrativos. El dictamen final de este organismo podría derivar en la devolución del dinero y la aplicación de sanciones.
