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Un hito en la lucha por los derechos laborales del personal policial bonaerense se concretó en las últimas horas con la presentación de un petitorio de doce fojas dirigido al gobernador Axel Kicillof. Este trascendental documento no solo solicita el reconocimiento del derecho de asociación y sindicalización de los efectivos, sino que lo fundamenta en una interpretación crucial del derecho internacional: la Opinión Consultiva N° 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El reclamo central de los uniformados busca hacer valer el principio de la primacía del derecho internacional de los derechos humanos, invocando el llamado principio “pro persona” y el artículo 27 de la Convención de Viena. Con este enfoque, el petitorio apunta directamente a revertir la postura restrictiva sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Sindicato Policial Buenos Aires” (2017) y “Asociación Profesional Policial y Penitenciaria de Entre Ríos” (2020), que históricamente negaron este derecho a las fuerzas de seguridad.
El escrito exige al gobernador la urgente derogación y modificación de normativas provinciales que, a la luz de los estándares interamericanos, resultan violatorias de los derechos de asociación y de huelga.
Específicamente, se pide:
Derogación del art. 1° del Decreto 6689/63: Esta norma es la que actualmente excluye al personal policial del derecho a licencias gremiales.
Derogación del inciso “m” del Decreto 1050/09: Se cuestiona este precepto por vulnerar directamente el ejercicio del derecho de huelga, una limitación que la Corte IDH, si bien la admite para el personal policial por la esencialidad de su función, exige que esté estrictamente regulada y que no anule el derecho a organizarse.
Modificación del inciso “b” del art. 42 del Decreto 1050/09: Este artículo establece la incompatibilidad de la actividad gremial con la función policial, un concepto que choca de frente con el espíritu de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH, que promueve el derecho a la organización sindical para los trabajadores policiales.
La Opinión Consultiva de la Corte IDH, emitida en mayo de 2021, es la gran espada de este petitorio. El organismo interamericano, al abordar la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, ha dejado claro que la función policial es esencialmente civil y que, si bien el derecho a huelga puede limitarse por tratarse de un servicio indispensable, los Estados deben garantizar que el personal policial goce del derecho a organizarse para discutir sus condiciones laborales.
En el fondo, lo que los uniformados buscan es equiparar sus derechos laborales a los estándares internacionales, poniendo fin a una proscripción que data de décadas. La expectativa ahora recae en la respuesta del Gobernador Kicillof, quien tiene en sus manos la posibilidad de alinear la legislación bonaerense con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la Policía de la Provincia.
Fuente: Diario Conecta
