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Una mujer denunció que le prestaron plata en un estudio y le hicieron firmar un pagaré en blanco. Una pericia comprobó la maniobra. Este miércoles formalizaron la acusación en la justicia. Le prestaron 40 mil y la demandaron por 374 mil pesos.
Dos abogados del foro local y un operador de Radio Nacional están acusados de estafar a una mujer a la que le prestaron plata y después intentaron ejecutarla, ante la falta de pago, con un pagaré que le habían hecho firmar en blanco y rellenaron con un monto muy superior a lo percibido por la víctima. Según una pericia de la Agencia de Investigación Científica, se habría rellenado un documento que le habían hecho firmar en blanco a la mujer.
El juez de Control, Néstor Daniel Ralli, encabezó la audiencia de formalización que se realizó este miércoles al mediodía, durante la cual el fiscal Máximo Paulucci hizo la acusación preliminar de una investigación caratulada como usura. La víctima, María Claudia Bracaglia, se presentó como querellante junto al abogado José Mario Aguerrido.
Los acusados en el expediente 98519/0 son los abogados José Miguel Ochoteco (37 años) y Alberto Santiago Giuliano (39). También está imputado un operador de radio y organizado de eventos, Marcelo Martín Méndez (44).
Durante la audiencia, el juez dispuso una media de restricción de acercamiento y todo tipo de contacto de los acusados respecto a la denunciante y su abogado patrocinante. Lo dispuesto obedeció a que en algunos audios los acusados hablaron de “hacerlo cagar”, aunque en referencia al primer abogado que la asesoró.
Como medida cautelar, se bloquearon fondos y el embargo de un inmueble dispuesto en el juicio ejecutivo que con el documento -supuestamente- falso están tramitando en un juzgado civil. Esto con el propósito de que no retiren dinero del embargo del sueldo y que no se remate el inmueble de la mujer. Se ordenó la apertura de teléfonos y otros dispositivos secuestrados durante los allanamientos realizados en el inicio de la investigación.
La denuncia
La investigación se inició el 11 de junio del año pasado, a partir de la denuncia de la mujer, una empleada del Instituto de Seguridad Social. Ella contó en la Seccional Segunda de Policía que en semana santa de 2019 necesitaba dinero y alguien le indicó que recurriera al estudio del abogado Ochoteco, en la calle Mitre, a metros de la España.
En el estudio, el letrado le pidió el recibo de sueldo. Según la denuncia, ese día recibió en la mano 40 mil pesos. Firmó un contrato de mutuo, del que no recibió copia, en el que se comprometía a devolverlo en doce cuotas de 18 mil pesos.
La mujer no pudo pagar las cuotas. Ochoteco le dijo que la iba a contactar con un “inversor más barato”. En ese momento, le dio 30 mil pesos más para dejar saldada la deuda anterior. Ella firmó un nuevo mutuo. En la denuncia dejó asentado que Ochoteco solo le mostró el revés de la hoja, solo vio las últimas tres cláusulas del acuerdo, y tampoco le dio una copia del acuerdo. Debía pagar doce cuotas de 22 mil pesos y seis cheques de 7 mil.
Ante el incumplimiento, aparece en escena el abogado Giuliano, reclamando un mutuo con Méndez. Le trabaron embargo en el sueldo e iniciaron una ejecución de un inmueble a nombre de la mujer. La demandaron en enero del año pasado por 374 mil pesos por un pagaré firmado el 1 de octubre de 2019.
La mujer dijo que no estaba segura de que la firma fuera de ella, aunque reconoció la letra de la aclaración.
La denunciante declaró que ella firmó con Ochoteco y no conoce a las otras dos personas. Adujo también que estaba bajo tratamiento siquiátrico y que el abogado se habría aprovechado de esa situación para hacerle firmar los papeles.
Pagaré en blanco
Una pericia pedida por la fiscalía comprobó que la firma estampada en el pagaré es de la mujer, pero que el resto de lo incluido en el documento fue agregado en forma posterior a esa firma. El impreso del documento está hecho después de la firma, según esa prueba.
La acusación que lleva adelante la fiscalía es por la falsificación de ese documento. Según trascendió, la fiscalía tiene como pruebas las grabaciones de las líneas telefónicas de los abogados, que fueron intervenidas por orden judicial.
El abogado Giuliano primero fue citado como testigo. Pero con el avance del expediente quedó bajo sospecha. Inclusive la policía lo requisó en un operativo en la delegación local de Pami, donde trabaja, a pedido de la fiscalía. En el estudio de Ochoteco, en la calle Mitre, se realizó un allanamiento para recolectar pruebas.
Según el Código Penal, la maniobra con un documento firmado en blanco (defraudación especial) puede recibir la pena para sus autores de entre un mes a seis años.
Fuente: El Diario de La Pampa
