Master News El Primer Diario Digital de Rivadavia
En los estudios de Radio Master 102.1, el secretario de Gobierno, Sebastián Hernández, y la concejal Gabriela Orga hablaron de la decisión del Tribunal de Cuentas de la provincia respecto a los supuestos cobros indebidos denunciados por la oposición, repasaron la actualidad institucional y convocaron a los vecinos a participar del acto de apertura legislativa.
Apertura de sesiones y agenda legislativa
Orga confirmó que el próximo martes a las 19 horas se realizará la apertura de sesiones ordinarias en el recinto del Concejo, donde el intendente brindará su mensaje anual.
La concejal explicó que actualmente el cuerpo se encuentra en período de receso, con algunas sesiones extraordinarias convocadas para tratar temas urgentes. A partir del discurso inaugural, comenzará el período ordinario con una agenda que incluirá proyectos vinculados a problemáticas locales y también cambios organizacionales y estructurales en el funcionamiento interno del Concejo.
En relación a la última sesión, que generó repercusión en redes sociales, Orga lamentó el tono de algunos intercambios. “En una comunidad chica, donde todos nos conocemos, no es bueno dar ejemplos de agresión o falta de respeto. El debate debe ser ideológico y con argumentos, no desde el agravio”, expresó.
El fallo del Tribunal y la polémica por las bonificaciones
El eje central de la entrevista giró en torno al reciente acuerdo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que aprobó por unanimidad la rendición de cuentas del ejercicio 2024 y desestimó la denuncia presentada por el bloque opositor respecto al pago de bonificaciones a funcionarios municipales.
Hernández sostuvo que el oficialismo actuó con “prudencia” mientras se desarrollaba el proceso administrativo y destacó el trabajo técnico del equipo municipal que elaboró el descargo ante el organismo de control.
Según explicó, la resolución final descartó la existencia de irregularidades que obligaran a funcionarios a devolver dinero, como se había afirmado públicamente desde la oposición en la previa electoral. “Se aseguraba que cada peso debía ser devuelto y eso finalmente no ocurrió”, señaló.
El secretario también remarcó que el Tribunal está integrado por representantes propuestos por distintas fuerzas políticas, y que los mismos miembros que aprobaron esta rendición fueron quienes validaron cuentas de gestiones anteriores.
Multas técnicas y apelación
Si bien no hubo cargos que impliquen devolución de fondos, Hernández reconoció que el acuerdo incluyó multas administrativas: 600 mil pesos al intendente y 300 mil pesos tanto a la contadora municipal como al propio secretario de Gobierno.
Indicó que se trata de observaciones de carácter técnico que históricamente han sido habituales en distintos ejercicios municipales y adelantó que evaluarán los pasos administrativos correspondientes para revisar esas sanciones.
Cruces políticos y “vieja política”
Desde el oficialismo cuestionaron el manejo político que la oposición dio al dictamen preliminar, señalando que se convocó a conferencias de prensa antes de que existiera resolución definitiva.
Orga fue crítica al respecto y habló de un “uso cruel del discurso político”, al considerar que se acusó públicamente a funcionarios de corrupción cuando —según sostuvo— las bonificaciones estaban debidamente liquidadas en los recibos de sueldo y eran decisiones administrativas formalizadas.
“Si creían que había irregularidades, estaban en su derecho de denunciar. Pero ahora que está el dictamen final, hay que reconocerlo”, expresó.
Un clima político que busca bajar la tensión
Más allá del cruce, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de sostener el debate democrático con respeto y sin desinformación, especialmente en una comunidad como América y el distrito de Rivadavia, donde dirigentes y vecinos conviven cotidianamente.
Con la apertura de sesiones como próximo hito institucional, el oficialismo anticipa un año de fuerte actividad legislativa y gestión, en un escenario donde las tensiones políticas siguen presentes, pero con un fallo que, aseguran, “ratifica que se actuó conforme a la normativa vigente”.
