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La obra social bonaerense atraviesa una de las semanas más críticas de su historia reciente, con suspensión de servicios, reclamos por falta de pagos y una creciente alarma social por la interrupción de prestaciones médicas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) suma frentes de conflicto que van desde las protestas de asociaciones médicas hasta el reclamo de efectivos de seguridad, en un contexto donde miles de afiliados ven afectado su acceso a consultas, cirugías y medicamentos de alta complejidad.
Protesta médica y suspensión de servicios
El principal foco de tensión está vinculado a la deuda que la obra social mantiene con profesionales de la salud. Entidades médicas denuncian atrasos en los pagos que superan los tres meses, lo que llevó a la implementación de cobros particulares o directamente a la suspensión de la atención por IOMA en ciudades como La Plata, Mar del Plata y Tandil.
Los profesionales advierten que los aranceles han quedado muy por debajo de la inflación, haciendo inviable sostener la atención bajo las condiciones actuales. Ante la falta de respuestas, las medidas de fuerza se endurecieron, afectando turnos programados y obligando a los afiliados a pagar de su bolsillo prestaciones que deberían estar cubiertas.
Reclamo policial y preocupación por la cobertura
En las últimas horas, el conflicto sumó un actor clave: el personal de seguridad. Representantes de la Policía Bonaerense y efectivos retirados expresaron su preocupación por el deterioro de la cobertura médica.
Entre los principales reclamos se destacan:
Demoras en la entrega de prótesis e insumos quirúrgicos
Restricciones en farmacias por falta de pago
Impacto directo en tratamientos crónicos de afiliados y sus familias
El malestar crece en un sector que depende exclusivamente de esta obra social para su atención sanitaria.
Cruces políticos por la responsabilidad de la crisis
Desde la conducción del organismo, encabezada por Homero Giles, se atribuye la situación a una “asfixia financiera” derivada de las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei, señalando el fuerte aumento en los costos de insumos y medicamentos.
En contraposición, sectores de la oposición y gremios cuestionan la gestión interna del instituto y reclaman una intervención urgente del gobierno provincial para evitar un colapso del sistema.
Un sistema al límite y el impacto social
La crisis de IOMA dejó de ser un problema administrativo para transformarse en una emergencia social. La imposibilidad de garantizar prestaciones básicas no solo afecta a los afiliados, sino que también genera un efecto dominó sobre el sistema público de salud, que ya se encuentra exigido.
Si no se logra destrabar el conflicto en los próximos días, crece la posibilidad de una ola de amparos judiciales por parte de los afiliados que buscan asegurar el acceso a tratamientos y medicamentos, en medio de un escenario sanitario cada vez más complejo en la provincia.
