Todos los cambios que los diputados votaron para el monotributo

Se aumentó el límite de facturación y se modificaron otros puntos como parte del nuevo paquete fiscal que tuvo media sanción en Diputados.

La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al paquete fiscal, que incluye modificaciones en el monotributo. En el denominado “Proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” enviado por el gobierno de Javier Milei, se actualizan diferentes parámetros del monotributo para 2024.

Los cambios incluyen facturación tope de categorías, monto de alquileres devengados, impuesto integrado, monto de ingreso a obras sociales y al régimen previsional.

Todos los cambios votados para el monotributo

El texto aprobado en la Cámara Baja supone una actualización de los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento. El ingreso tope anual sería de $68 millones y eliminaría la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado. El monotributo social seguirá vigente por 90 días, a pedido de la oposición y hasta tanto se trabaje en una nueva categoría inicial, por debajo de la A.

Si el proyecto pasa el filtro del Senado de la Nación, los monotributistas de la categoría A, de menores ingresos, podrían facturar hasta $6.450.000 anuales. En tanto, aquellos que se encuentren en la categoría K, la más alta, podrían facturar hasta $68 millones.

Además, habría un aumento en importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado, y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social. Asimismo, se fijaría en $385.000 el precio unitario de facturación tanto para quienes ofrezcan servicios como para quienes vendan productos. Y se establecería una actualización anual por inflación.

El proyecto de reforma del régimen simplificado para pequeños contribuyentes también prevé la posibilidad de regresar por única vez a quienes hayan pasado al régimen general por haberse excedido en el tope permitido, sin tener que esperar tres años como ocurre hoy. Esto rige para quienes fueron excluidos de oficio desde el 1° de enero y cumplen con los resquisitos.

La Ley Bases se aprobó con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, mientras que el paquete fiscal -que incluyó la reversión del impuesto a las Ganancias- cosechó 140 votos positivos, 103 negativos y 6 abstenciones.

Monotributo social, en suspenso

Antes de votar, el diputado del Frente Patria Grande, Itaí Hagman, pidió la palabra y aseguró que eliminar el monotributo social suponía una enorme injusticia ya que un beneficiario del monotributo social, para sumarse al régimen simplificado de monotributo, pasaría de pagar unos $3.500 a más de $50.000 en caso de tener incorporados a dos hijos. “Más de 1,2 millones de personas se quedarían en la informalidad”, planteó y agregó: “La eliminación del monotributo social que propone Milei es tocarle el bolsillo a los mas pobres de toda pobreza”.

Tras un cuarto intermedio, se acordó postergar por 90 días la eliminación del monotributo social para que, en ese plazo, el Gobierno y la oposición negocien una alternativa para incorporar una categoría inferior a la “A” en el régimen simplificado.

El diputado libertario y titular de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, tomó nota y aceptó incluir una oración al artículo que derogaba el monotributo social que indica que ese artículo “comenzará a regir a los 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial”.

El diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, por su parte les pidió trabajar en serio en los próximos tres meses para agregar una categoría inicial que alcance a los alcanzados hoy por el monotributo social. “Entendemos el valor de los 90 días para entrar en vigencia y vamos a trabajar, y esperemos que todos lo hagan en serio y rápidamente, para que en ese plazo haya una categoría por debajo de la A y se entienda el problema de las personas que hacen changas y la llevan como pueden y necesitan tener obra social y su facturación”, dijo.

Los valores propuestos

El proyecto de ley busca llevar el ingreso máximo anual a los siguientes valores, según la categoría.

*A: de $2.108.288,01 a $6,45 millones

*B: de $3.133.941,63 a $9,45 millones

*C: de $4.387.518,23 a $13,25 millones

*D: de $5.449.094,55 a $16,45 millones

*E: de $6.416.528,72 a $19,35 millones

*F: de $8.020.660,9 a $24,25 millones

*G: de $9.624.793,05 a $29 millones

*H: de $11.916.410,45 a $44 millones

En las tres categorías más altas, en las que hasta ahora se admite solo a quienes se dedican a la venta de cosas muebles, los límites de facturación anual subirían según el siguiente detalle.

*I: de $13.337.213,22 a $49,25 millones

*J: de $15.285.088,04 a $56,4 millones

*K: de $16.957.968,71 a $68 millones

Cómo quedaría el impuesto

El impuesto integrado mensual subiría en la categoría A de $1047,86 a $3000; en la B, de $2018,89 a $5700; en la C, de $3452,09 a $9800 (servicios) y de $3190 a $9000 (comercio); en la D, de $5671,23 a $16.000 (servicios) y de $5239,75 a $14.900 (comercio); en la E, de $10.787,67 a $30.000 (servicios) y de $8368,13 a $23.800 (comercio); en la F, de $14.840,88 a $42.200 (servicios) y de $10.926,38 a $31.000 (comercio); en la G, de $18.878,58 a $76.800 (servicios) y de $13.623,24 a $38.400 (comercio); en la H, de $43.150,91 a $220.000 (servicios) y de $33.442,08 a $110.000 (comercio).

En las tres categorías más altas, para quienes desarrollan como actividad de venta de cosas muebles, se pasaría de un impuesto de $53.938,71 a $175.000 en la I; de $63.385,73 a $210.000 en la J, y de $72.817,31 a $245.000 en la categoría H. Y para los prestadores de servicios (actualmente no considerados en estas categorías), los importes mensuales serían de $437.500 (categoría I); $525.000 (categoría J) y $735.000 (categoría K).

Aportes jubilatorios y a la obra social

Con respecto al aporte jubilatorio, se propone que en la categoría A sea de $9800, en lugar de los $4623,27 actuales (un reajuste de 112%) y que el importe se incremente un 10% en cada escalón hasta la categoría F y, luego, en un 40% a partir de la categoría G.

De esa manera, en la categoría B el pago sería de $10.780; en la C, de $11.858; en la D, de $13.043,8; en la E, de $14.348,18; en la F, de $15.783; en la G, de $22.096; en la H, de $30.935; en la I, de $43.308 y en la K, de $60.632.

El pago con destino a la obra social, en tanto, se incrementaría de $6457,26 a $13.800 en las categorías A, B y C; de $7673,13 a $16.400 en la D; de $9389,36 a $20.000 en la E; de $10.850,9 a $23.000 en la F; de $11.625,96 a $24.800 en la G; de $13.951,15 a $29.800 en la H; de $17.272,86 a $36.800 en la I; de $19.332,31 a $41.300 en la J, y de $22.155,77 a $47.200 en la K. Los montos son por mes y por persona; por cada familiar al que se quiera sumar a la cobertura se suma un adicional.

Alquileres y precio máximo

La propuesta también contempla elevar los montos de los alquileres devengados anualmente que se permiten en el sistema, por inmuebles que estén afectados a la actividad económica. Los importes actuales quedaron muy retrasados frente a la inflación y a los precios de mercado.

En las categorías A y B, ese parámetro pasaría de $485.448,92 a $1,05 millones anuales; en las C y D, de $970.897,79 a $2,05 millones; en las E y F, de $1.209.769,4 y $1.213.622,14 a $2,6 millones; en la G, de $1.456.346,67 a $3,1 millones y en las categorías superiores, de $1.941.795,53 a $4,5 millones.

Además, el precio unitario máximo que puede tener un bien que se comercialice estando en el monotributo aumentaría de $180.589,67 a $385.000.

Un artículo de la iniciativa prevé que se le den facultades al Poder Ejecutivo para incrementar durante este año los montos máximos de facturación, los de alquileres, topes devengados y también los importes del impuesto integrado y de los aportes jubilatorio y a las obras sociales.

Sobre ese aspecto, la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Russo, consideró que “siempre es positivo contar con un mecanismo de ajuste automático y no depender de la discrecionalidad de la administración gubernamental para la corrección de los montos”.

Además, advirtió que el proyecto no hace referencia al reingreso al sistema del monotributo para quienes quedaron excluidos durante este tiempo. “Seguramente, eso será objeto de reglamentación por parte de la AFIP”, agregó.