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Las transferencias a la distribuidoras eléctricas a través de CAMMESA alcanzaron en los primeros siete meses del año a $152.000 millones.
Los subsidios a la distribución de energía eléctrica ascendieron a $152.061,2 millones en los primeros siete meses del año, lo que representa una suma equivalente a unos $2.000 mensuales promedio por cada familia en el país.
El gasto del Estado nacional en subsidios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) entre enero y julio de 2020 tuvo un incremento del 157,3% respecto del mismo período del año anterior, como contrapartida de la decisión oficial de mantener el congelamiento de las tarifas de electricidad.
Los $152.061,2 millones que el Estado le giró a CAMMESA luego son repartidos entre las distribuidoras de energía eléctrica y representaron el mayor gasto entre todos los subsidios en los últimos 15 años, de acuerdo con los relevamientos periódicos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Esa suma representó en los primeros siete meses de este año el 41,9% del total de subsidios otorgados a todos los sectores, que alcanzaron a $375.006,1 millones, un 134,7% más que en el mismo período de 2019.
La evolución de los gastos del Estado nacional en subsidios va de la mano de la política aplicada con las tarifas de servicios públicos y también por las variaciones del tipo de cambio, en la medida que parte de esas transferencias son en concepto de compensaciones a precio del gas importado y a la producción de hidrocarburos no convencionales en el área de Vaca Muerta, dos factores que perdieron incidencia en los últimos meses.
Los subsidios tuvieron un considerable repunte a partir de 2002, cuando la derogación de la ley de Convertibilidad llevó a la renegociación de varios contratos de servicios públicos que estaban dolarizados.
Fue así que el congelamiento o las subas atenuadas de tarifas desde entonces hasta 2015 tuvieron la contracara del aumento de subsidios, pero entre 2016 y el primer trimestre de 2019 se dio la situación inversa, ya que la baja de subsidios en términos reales y nominales fue a costa de un importante aumento de tarifas en los servicios de electricidad, gas y transporte público de pasajeros en tren y colectivo.
Desde el segundo trimestre del año pasado, con el retorno del congelamiento tarifario, comenzó un viraje en la caída de los subsidios, que retomaron la tendencia alcista del período anterior.
En los primeros siete meses, los subsidios a la totalidad del sector energético fueron $218.522 millones, que se distribuyeron, además de los $152.061,2 millones de CAMMESA, a IEASA (ex ENARSA) con $33.526,3 millones, al Plan de Gas No Convencional ($15.611,8 millones), al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y para la Expansión de Redes de Gas Natural ($5.219 millones), a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($3.450 millones) y a Yacyretá S.A. ($3.368 millones).
Los subsidios al transporte totalizaron $58.919,1 millones (+57,9%), de los que $25.330,9 millones fueron dirigidos al Fondo Fiduciario del Sistema de Transporte Automotor (+61,4%), principalmente para financiar el congelamiento de la tarifa de colectivos.
Por otra parte, $33.588,2 millones fueron a distintas operadoras de transporte ferroviario para “atender los gastos en personal de cinco de las siete líneas de ferrocarril”, indicó ASAP.
Las empresas públicas no vinculadas al transporte ni a la energía demandaron transferencias para sus gastos de funcionamiento por $11.236,7 millones (+144,5%), de las que $6.625 millones fueron a Correo Argentino, $2.106,9 millones a Radio y Televisión Argentina S.A. y $900 millones a ACUMAR.
Por último las transferencias corrientes realizadas durante los primeros siete meses de 2020 a empresas al sector industrial llegaron a $71.417,4 millones ($56.000 millones del FOGAR y $13.561 millones al FONDEP) mientras que los fondos destinados a empresas del sector rural y forestal (que incluye al sector agroalimentario) fueron $110,3 millones.
(NA)
