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El ente regulador de la electricidad (ENRE) propuso anular los aumentos de las tarifas de luz para Capital y el Gran Buenos Aires aplicados desde el año 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri. Bajo el argumento de que fueron “ingresos extraordinarios reconocidos para las empresas se determinaron de forma poco transparente, se tradujeron en tarifas exorbitantes, se omitieron los procesos administrativos internos del ente regulador”, el organismo se sumó de esta manera al debate sobre el congelamiento de las tarifas decidido por el Gobierno el año pasado y prorrogado como resultado de la pandemia.
Especialistas del sector señalan que hoy el servicio se sostiene en base a un subsidio parcial que se haría insostenible para el Estado en caso de anular los ajustes de los últimos cuatro años. Y llevarían a las boletas hogareñas de los porteños a costar casi una séptima parte de lo que valen hoy.
El interventor del ENRE, Federico Basualdo, presentó la semana pasada un informe en el que analiza la Revisión Tarifaria Integral (RTI) llevada a cabo por el Gobierno de Cambiemos entre 2016 y 2019. La conclusión es la recomendación de anular esos aumentos, devolviendo a las tarifas a sus valores previos.
En ENRE sólo tiene incidencia en las áreas de cobertura de de Capital y Gran Buenos Aires, ya que el resto de las distribuidoras del país responden a los organismo de control provinciales. Con lo cual, la propuesta sólo tendría impacto en los precios de la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires.
Una casa que consume 252 kilowats al mes paga hoy $1.747 mensuales. Para volver a las tarifas de 2015 esa misma factura debería valer $252 mensuales a precios constantes, menos de $50 al mes a los valores de ese entonces
La sugerencia del ente regulador al Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, no es compartida por todo el Gobierno. El propio ministro es partidario del congelamiento de los precios en medio de la pandemia, lo que postergó la actualización que originalmente se había planificado para mediados de este año. Pero también de actualizaciones en los servicios público que eviten un atraso como el que se acumuló hasta 2015. Las mayores necesidades en materia de subsidios que le generaría al Tesoro echar atrás los aumentos de los últimos años también hacen que el ministro de Economía, Martín Guzmán, también tenga una opinión distinta.
Después de más de una década de virtual estabilidad y atraso, las tarifas de la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires empezaron a ser ajustadas en 2016. Desde entonces, seis aumentos las llevaron a su nivel actual.
Una estimación del Centro de Investigación en Política Energética (CIPE) que toma un consumo de una casa de los niveles más modestos en materia de uso de artefactos eléctricos, unos 252 kilowats por mes, grafica el cambio. Se basa en el consumo teórico boleta de un hogar porteño en el que funcionan una heladera, un televisor, un termotanque, cuatro lámparas una estufa y un caloventor.
La boleta de ese hogar bastante frugal, antes de impuestos, cuesta hoy $1.747 mensuales. Si se volviera a las tarifas de mayo de 2015, antes de la aplicación de la RTI, ese valor mensual bajaría a $236 mensuales de hoy. El ejercicio está hecho en pesos constantes para captar el efecto de la inflación, si se mantuviera en pesos corrientes o nominales –a precios de 2015– serían menos de $50 por mes.
Tomar precios constantes permite ver, en el gráfico más abajo, como cada aumento va perdiendo valor real mes a mes por efecto de la inflación. Al momento del último ajuste tarifario, de abril 2019, el mismo hogar estaba pagando el equivalente a $2.255 de hoy.
La iniciativa del ENRE, entonces generó inquietud en el sector. Sobre todo porque agrega ruido en días en los que intendentes bonaerense oficialistas piden sanciones a las empresas por cortes del servicio y hasta llegan a hablar de una rescisión de la concesión para que el servicio sea público.
Entre los especialistas que supieron ser secretarios de energía en gobiernos pasados surgieron críticas sobre la factibilidad económica de retrotraer tarifas que están congeladas desde abril del año pasado a los niveles de 2015
“La tarifa eléctrica está compuesta por tres elementos: la generación, el transporte y la distribución. El ENRE tiene sólo incidencia en el valor agregado de distribución, que es el que corresponde a las distribuidoras, y exclusivamente en Capital y Gran Buenos Aires. En el 2016, las tarifas de la Capital y el Gran Buenos Aires, eran entre 5 y 6 veces inferiores a las de muchas distribuidores provinciales que sí habían ido actualizando sus valores”, dijo Daniel Montamat, ex secretario de energía y consultor privado.
Hay que tener en cuenta que el RTI fue hecho por el propio ENRE, con lo cual el esquema tarifario quedaría en una situación legal inédita. Estamos hablando de tarifas que están congeladas desde prácticamente el segundo bimestre de 2019, con lo cual ya no están logrando cubrir los costos necesarios para la actividad (Lapeña)
“Y aún con los precios de hoy, el 80% del país está pagando una tarifa que está subsidiada en el 50% por el Tesoro nacional. Si querés volver para atrás, primero con un proceso inflacionario en el medio, no tendrías forma de pagarlo. Y segundo volarían los subsidios con impacto en las cuentas públicas y con una nueva inequidad geográfica porque cordobeses, santafesinos o salteños que tienen otros mecanismos de actualización del valor agregado de distribución pasarían a pagar tarifas eléctricas más altas y, con sus impuestos, subsidiar las tarifas del resto”, agregó.
Otras críticas hacen hincapié en el sustento legal que necesita una modificación de los contratos modificados durante la administración anterior.
“No es suficiente la crítica realizada por la nueva intervención del ENRE, deberá demostrar técnica, económica y legalmente las irregularidades que invoca para dejarla sin efecto los ajustes. Recordemos que el ENRE, cuando se hizo la RTI, era un organismo que había recuperado su normalidad institucional, luego de 12 años de intervención”, dijo Emilio Apud, también ex secretario de energía.
El 80% del país está pagando una tarifa que está subsidiada en el 50% por el Tesoro nacional. Si querés volver para atrás, primero con un proceso inflacionario en el medio, no tendrías forma de pagarlo. Y segundo volarían los subsidios con impacto en las cuentas públicas. (Montamat)
“La única salida legal que le quedaría al ENRE intervenido sería llamar anticipadamente por razones de necesidad, a una nueva RTI, cosa que sería inapropiada desde mi punto de vista. Y si eso ocurriese, la nueva tarifa saldría de esa RTI, la que difícilmente pueda resultar inferior a la de la RTI anterior debido al atraso que ha experimentado el valor que había definido, respecto de la realidad”, comentó.
Por último, llamaron la atención sobre el riesgo que para la provisión del servicio de electricidad podría significar un retroceso a valores desactualizados.
“Es imprudente desde el punto de vista técnico y político hacer declaraciones en este sentido. Porque hay que tener en cuenta que el RTI fue hecho por el propio ENRE, con lo cual el esquema tarifario quedaría en una situación legal inédita. Estamos hablando de tarifas que están congeladas desde prácticamente el segundo bimestre de 2019, con lo cual ya no están logrando cubrir los costos necesarios para la actividad”, dijo Jorge Lapeña, otro ex secretario de energía que dirige el Instituto Mosconi.
“¿Qué significa anular el RTI? ¿Llevar los precios de nuevo a 2016 con la inflación acumulada que hubo desde entonces? No es aplicable de ninguna manera, implicaría poner en riesgo un servicio público esencial en un momento muy delicado que atiende a 10 millones de usuarios”, agregó Lapeña.
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