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A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes 26 de mayo en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la legislación vigente.
La medida deroga las resoluciones 717/2018, 567/2019, 536/2022 y 549/2023, normativas que establecían mecanismos de compensación parcial del Estado para cubrir el costo de los boletos gratuitos que las compañías debían garantizar obligatoriamente.
El régimen alcanzaba a los servicios de transporte interjurisdiccional de larga distancia e incluía los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer, contemplados en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
No obstante, el texto oficial aclara que la decisión “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, el cual continúa “plenamente vigente y exigible”. De esta manera, las empresas deberán seguir otorgando los pasajes gratuitos, aunque dejarán de percibir compensaciones económicas del Estado por ese servicio.
En el artículo 2° de la resolución se establece además que la medida “no afecta el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674 y sus respectivas reglamentaciones ni la obligación de los transportistas de dar cumplimiento a lo dispuesto en dichas normas”.
Asimismo, el Gobierno encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) controlar y garantizar el cumplimiento efectivo de la emisión de los pasajes gratuitos por parte de las empresas alcanzadas.
La normativa fundamenta esta decisión en el nuevo esquema desregulatorio impulsado tras el Decreto 883/2024, que permite a las empresas transportistas definir libremente recorridos, horarios, precios y modalidades de los servicios.
Desde el FORO expresaron preocupación por la medida y advirtieron que, en un contexto de ajuste y desfinanciamiento del sector, podría generar mayores dificultades para garantizar el acceso efectivo al transporte de las personas con discapacidad.
Además, señalaron que la eliminación de estas compensaciones económicas genera incertidumbre sobre el cumplimiento real de los pasajes gratuitos y se suma a otras problemáticas que afectan al sector, como el atraso arancelario, el recorte de políticas públicas y la situación que atraviesan las instituciones vinculadas a la discapacidad.
📄 Acceder a la resolución oficial.
