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La empresa Latam Argentina, que el pasado 17 de junio anunció el cese de sus operaciones en el país, no pudo efectuar el traslado de sus aviones A320 que se encuentran en el Aeroparque Jorge Newbery. Según fuentes de la línea aérea no fue posible coordinar con las representaciones sindicales los mecanismos para efectuar el traslado.
“El movimiento de las aeronaves resultaba especialmente necesario en virtud del inminente comienzo de las obras en dicho aeropuerto, con una duración estimada en 120 días y cuya ejecución conlleva riesgos importantes para la integridad de los aviones. Sin embargo, Latam no ha podido avanzar, por lo que los aviones permanecerán en el estado de preservación actual pero sin realizar las tareas periódicas futuras”, explicaron a través de un comunicado.
Latam no ha podido avanzar, por lo que los aviones permanecerán en el estado de preservación actual pero sin realizar las tareas periódicas futuras
Desde hace varias semanas, empleados de la empresa agrupados en el gremio Ustara, que no cuenta con personería gremial, permanecen en el hangar de la compañía en el aeroparque porteño Jorge Newbery para evitar que Latam pueda concretar el traslado de sus aviones. Buscan impedir que los seis aviones de la compañía sean llevados hacia Santiago de Chile.
Según detallaron en declaraciones a distintos medios, una empresa tercerizada de mantenimiento mendocina habría comenzado hace algunas semanas las las operaciones de “desprevención” necesarias para operar los aviones.
Por otro lado, el lunes se conoció que la Justicia laboral determinó trabar un embargo por $40 millones a la compañía aérea por el incumplimiento del aporte que la empresa debía realizar por el Convenio Colectivo de Trabajo a uno de los sindicatos aeronáuticos, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla).
Desde el inicio de la cuarentena, la empresa tomó la decisión de reducir el 50% del salario de los trabajadores —lo que pue rechazado por las autoridades de Trabajo— y también llevó adelante un proceso de retiros voluntarios que aceptaron 800 de sus empleados, casi la mitad.
La empresa reiteró que, más allá del destino final de estas aeronaves, el cese de operaciones ya es una “decisión tomada” e “irreversible”, como ratificaron en una audiencia en el Ministerio de Trabajo. La semana pasada, las autoridades del ministerio rechazaron la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) de la empresa.
Uno de los fundamentos para negar el procedimiento fue la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 329/2020 que prohíbe despidos y suspensiones unilaterales en el contexto de la pandemia.
La compañía anticipó que apelará la decisión porque se trata de un “caso claro de fuerza mayor” en el marco de la crisis más severa e inédita que atraviesa la industria aeronáutica en el mundo.
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