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En su celda, José Bayron Piedrahita Ceballos jugó a contar el tiempo. Preso en una cárcel de la Florida estadounidense, ganadero según él, capo narco según los fiscales que lo persiguen, Piedrahita Ceballos entendió que su mayor capital era él mismo. Así que el colombiano tomó un teléfono, llamó a su abogado en Buenos Aires y negoció. Se convirtió en un colaborador imputado de la Justicia argentina, un arrepentido.
No lo hizo solo para los jueces locales; también los hizo para los procesos vigentes en su contra en Estados Unidos y en su país. Ganaba tiempo al hacerlo, ganaba evitar un juicio desgastante donde todo sería peor y lograr una pena más breve que se computaría con su tiempo cumplido. Con 61 años de edad, Piedrahita Ceballos, podría, quizás, morir libre.
Aterrizó en la Argentina, según él mismo, en 2007, donde tiene un DNI, número 60 millones. La Justicia federal argentina lo acusa por sus negocios locales, algo que parece un sueño afiebrado de Netflix, pero que en realidad era lo que otros colombianos ligados al negocio de la cocaína hicieron en la Argentina de las últimas décadas: lavar su plata. El problema era con quién hacía esos negocios: María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar. El hombre en el medio era un abogado y empresario de Pilar, Mateo Corvo Dolcet, hoy preso en su casa en la misma causa que involucra al capo colombiano.
El allanamiento a la casa del abogado argentino en el country Ayres del Pilar reveló un documento firmado el 15 de febrero de 2011, una cancelación de deuda entre “la señora María Isabel Santos y Sebastián Marroquín” y el abogado bonaerense Mateo Corvo Dolcet para “dar por cumplidas las promesas recíprocas de la presentación de José Piedrahita, inversor del proyecto inmobiliario que Corvo Dolcet lleva adelante”. El texto, firmado por Corvo Dolcet, Santos y Marroquín habla de “distintas inversiones” hechas por Piedrahita en efectivo y mediante “la entrega de dos propiedades”.
Santos y Marroquín, a raíz de esta presentación, pidieron a Corvo Dolcet una comisión “del 4,5% del total de la inversión realizada, suscribiendo documentos que así lo acreditan”. Al final de la página, Santos, Marroquín y Corvo Dolcet firmaron en conformidad. Ya no había deuda entre ellos, todo estaba saldado.
Todo, por otra parte, estaba con el nombre de Piedrahita, ningún alias, ningún prestanombres: el capo, directamente.
Otro contrato entre Piedrahita y Corvo Dolcet también fue encontrado, rubricado en 2012 en Medellín: ese contrato hablaba de la conveniencia de que Piedrahita “deje de figurar formalmente como socio” en los negocios junto a Corvo Dolcet, pidió explícitamente ser un “socio oculto” con un “irrevocable” deber de confidencialidad. El colombiano fue el socio del abogado en firmas como Insula Urbana y Las Recovas del Pilar Sociedad Anónima. El núcleo de ese negocio: vender cocheras en un emprendimiento llamado Pilar Parking, a $245 mil cada una, 400 plazas en total, $98 millones en facturación bruta potencial. Pilar Parking quedó en nada, una mole abandonada a la vera de la Panamericana, con acreedores que denunciaron estafas.
La viuda y el hijo de Pablo Escobar terminaron citados a indagatorias en mayo de 2018 en el Juzgado Federal N°3 de Morón a cargo de Néstor Barral, en un expediente con el fiscal Sebastián Basso -hoy en la UFI AMIA, en reemplazo de Alberto Nisman, hoy reemplazado en el expediente por Santiago Marquevich y la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico, con el fiscal Diego Iglesias.
Hay un cuarto personaje en la trama, Mauricio “Chicho” Serna, el ex ídolo de Boca. Conoció a Piedrahita, según él mismo, en un restaurant de Puerto Madero. Colombiano como él, llegó a llamarlo “Don José”. A Serna se le atribuyó, inicialmente “haberle entregado a precio irrisorio” a Piedrahita Ceballos dos lotes en un country de Moreno. Resultó ser más.
En agosto de 2019, los fiscales pidieron la elevación a juicio por lavado de la viuda e hijo de Escobar, así como de Serna. Esta semana semana hicieron lo mismo para Corvo Dolcet. Sin embargo, no para Piedrahita.
En un acuerdo histórico con la Justicia argentina, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el capo colombiano usó su testimonio para negociar una pena de 5 años de prisión, 165 millones de pesos de multa. Incautaron sus bienes en el país, como la mole abandonada a la vera de la Panamericana, que será un centro para asistir a enfermos de coronavirus, bienes que valen cerca de 4 millones de dólares.
Después, está todo lo que dijo.
En su declaración como arrepentido, Piedrahita contó su pasado en el Cartel de Cali, sus vínculos con los hermanos Rodríguez Orejuela, los fundadores del Cartel: aseguró manejar un laboratorio capaz de producir media tonelada diaria de polvo, con un millón y medio de dólares de ganancia mensual. Dijo que al menos la viuda de Escobar lo conocía de aquella época, que la hermana de Isabel Santos trabajaba con él, que se sentó junto a ella “en los procesos de paz” tras la muerte de Escobar para evitar baños de sangre. También, habló de Serna.
En el penal de la Florida, el colombiano vinculó a Serna con “Rogelio”, Carlos Mario Aguilar, ex jefe de la Oficina de Envigado, que nació como una pandilla de matones en el mismo municipio al calor del viejo Cartel de Medellín y que luego tomó vuelo propio, una confederación mafiosa que tomaría a Medellín como propio. Piedrahita, para definir el vínculo entre Serna y “Rogelio”, usó una palabra poco agradable: “testaferro”.
Piedrahita aseguró que como “Rogelio” le debía dinero, se lo pagó, de acuerdo a su declaración, con un inmueble en el actual Club de Campo San Diego en la zona de Francisco Álvarez y dos lotes en el Barrio, los cuales Serna tenía bajo su propiedad, pero pertenecían realmente al ex jefe de la Oficina de Envigado. En el country San Diego, Piedrahita Ceballos tiene precisamente asentada su dirección fiscal. Vivió varios meses en esa casa, aseguró.
Así, el ex Boca se convierte para la Justicia argentina en “un partícipe necesario”, según documentos de la causa.
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