Duras críticas al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y al gobernador Axel Kicillof por las condiciones en las que efectivos policiales debieron cumplir seis días de servicio: bajo la lluvia, con descansos precarios, camas improvisadas y denuncias por alimentos vencidos. ¿Quién cuida a quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la sociedad?
Hay situaciones que no pueden naturalizarse, mucho menos cuando involucran a trabajadores que cumplen una función fundamental para la sociedad. Lo ocurrido con efectivos de la Policía Bonaerense durante el operativo de seguridad dispuesto por la visita del Papa León merece una explicación y, fundamentalmente, una respuesta de las autoridades provinciales.
Según los testimonios y relatos difundidos por personas vinculadas a los efectivos, los policías debieron afrontar seis días de servicio en condiciones que fueron calificadas como indignas, con largas jornadas bajo la lluvia, sin espacios adecuados para descansar y con instalaciones que estuvieron muy lejos de garantizar condiciones mínimas de alojamiento.
Las imágenes y descripciones del lugar hablan por sí solas: estructuras de hierro cubiertas con una simple tela, tablones utilizados como colchones y, en muchos casos, el propio piso como alternativa para intentar dormir algunas horas. A esto se suman denuncias sobre la entrega de comida vencida y períodos de descanso insuficientes antes de tener que volver a cumplir con sus obligaciones.
Frente a semejante situación, resulta inevitable preguntarse: ¿cómo puede ser que quienes tienen a su cargo la seguridad de millones de bonaerenses sean tratados de esta manera por el propio Estado provincial?

La responsabilidad política no puede quedar al margen. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el gobernador Axel Kicillof deben dar explicaciones sobre la planificación, la organización y las condiciones en las que se desarrolló este operativo.
No alcanza con exigir compromiso, disciplina, vocación de servicio y profesionalismo. El Estado también tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de trabajo, alimentación adecuada, alojamiento y descanso para los hombres y mujeres que integran la fuerza policial.
DETRÁS DEL UNIFORME HAY PERSONAS
Parece que muchas veces se olvida que detrás de cada uniforme hay un ser humano. Personas que sienten frío, que se agotan, que necesitan alimentarse correctamente y que también tienen derecho a descansar.
Cumplir con el deber no significa aceptar cualquier condición. La vocación de servicio no puede convertirse en una excusa para justificar el abandono, el maltrato o la falta de previsión de quienes deben garantizar los recursos necesarios.
Y hay otra cuestión que tampoco debería pasar inadvertida: el desgaste psicológico que provocan estas situaciones. Se exige fortaleza permanente, pero pocas veces se pregunta quién se ocupa de la salud mental de los efectivos, quién escucha sus reclamos o quién les brinda acompañamiento cuando las condiciones laborales los llevan al límite.
EL SACRIFICIO NO PUEDE SER LA REGLA
Es hora de dejar de romantizar el sacrificio policial. No son máquinas, no son números en una estadística ni uniformes que pueden permanecer de pie durante jornadas interminables sin consecuencias.
Son trabajadores que cumplen una responsabilidad enorme y que merecen, como cualquier otro trabajador, respeto, condiciones dignas y consideración.
La seguridad de la sociedad también depende de que quienes la garantizan puedan desempeñar su tarea en condiciones adecuadas.
Javier Alonso y Axel Kicillof tienen que responder. No se trata de un privilegio ni de un pedido de reconocimiento especial. Se trata de algo mucho más básico: respeto por las personas que integran la Policía Bonaerense y por quienes, aun en condiciones adversas, cumplen con su deber.
Porque exigirles todo y no garantizarles lo mínimo es una contradicción que no puede seguir pasando inadvertida.
Cuidar a quienes nos cuidan también es una responsabilidad del Estado.
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