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Un fallo del Juzgado Federal de Venado Tuerto dejó firme un amparo y obligó al Estado nacional a realizar tareas de reparación y mantenimiento en tramos de las rutas 7, 8 y 33 ubicados en el departamento santafesino de General López.
La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional hacerse cargo de manera “inmediata e integral” de la reparación de las rutas nacionales 7, 8 y 33, pese a que algunos de estos corredores se encuentran concesionados.
La resolución fue dictada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien dejó firme el amparo presentado en 2025 por la senadora provincial santafesina Leticia Di Gregorio. El magistrado rechazó los argumentos planteados por Corredores Viales y el Ministerio de Desregulación para evitar asumir la responsabilidad sobre las obras, e intimó a Vialidad Nacional a cumplir con lo dispuesto.
Una ruta estratégica y cada vez más deteriorada
Uno de los principales focos de preocupación es la Ruta Nacional 33, corredor que une Rosario con Bahía Blanca y que tiene una enorme importancia para la producción y la logística de la región.
Según señaló el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, los accidentes en uno de los tramos de la ruta aumentaron un 30%, mientras que el deterioro llevó a numerosos conductores a optar por rutas provinciales para evitar circular por sectores considerados peligrosos.
La situación adquiere especial relevancia para el sector productivo, ya que, de acuerdo con declaraciones citadas en la publicación, por la Ruta 33 circula aproximadamente el 70% de la producción de la zona.
El fallo judicial cuestionó la falta prolongada de tareas de conservación y mantenimiento, al considerar que existió una “omisión prolongada” que afectó la transitabilidad de las rutas.
El debate por los fondos destinados a las rutas
La decisión judicial se conoce en medio de una fuerte discusión sobre el destino de los recursos del SisVial, fideicomiso que recibe fondos provenientes del impuesto a los combustibles y que tiene como finalidad financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial.
La utilización de esos recursos por parte del Tesoro Nacional generó cuestionamientos políticos y sindicales. Según la información publicada por Distrito Interior, dirigentes y legisladores denunciaron que parte de esos fondos no habría sido destinada al mantenimiento de las rutas.
Un reclamo que también impacta en territorio bonaerense
El deterioro de las rutas nacionales se convirtió en un reclamo recurrente de distintas provincias y municipios.
En la provincia de Buenos Aires también existen cuestionamientos por el estado de corredores nacionales, entre ellos las rutas 3 y 5, mientras continúa el debate sobre el futuro esquema de concesiones y las responsabilidades del Estado nacional en materia de mantenimiento vial.
El fallo de Venado Tuerto vuelve a poner en el centro de la discusión una cuestión clave: quién debe garantizar que las rutas nacionales permanezcan en condiciones seguras de circulación cuando existen concesiones privadas o cuando el mantenimiento no se ejecuta.
Para las regiones productivas, el problema no se limita al estado de las rutas: el deterioro incrementa los costos logísticos, afecta el traslado de la producción y, fundamentalmente, genera mayores riesgos para quienes diariamente deben transitarlas.
