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La obra social de los jubilados presentó una denuncia penal por presuntas maniobras de defraudación, falsedad ideológica y cobro de plus a afiliados. La Justicia Federal deberá investigar el caso.
Una grave denuncia presentada por el PAMI puso en el centro de la escena a la Clínica Regional de General Pico, en La Pampa, por presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas a afiliados de la obra social.
Según la presentación judicial, la institución habría facturado consultas y estudios que, de acuerdo con el testimonio de algunos jubilados, nunca fueron realizados. La denuncia incluye posibles delitos de defraudación, engaño y falsedad ideológica, por lo que el caso ya quedó en manos de la Justicia Federal.
Estudios que los afiliados aseguran no haberse realizado
La investigación se originó a partir de una auditoría de PAMI, en la que varios afiliados manifestaron que figuraban en los registros con prestaciones médicas que nunca recibieron.
Entre los estudios observados aparecen consultas médicas, electrocardiogramas, monitoreos Holter, ecodopplers y otros procedimientos cardiológicos, que habrían sido facturados a la obra social pese a que los pacientes aseguran no haberse sometido a ellos.
La auditoría también detectó diferencias que motivaron el avance de la denuncia penal.
Denuncias por el cobro de un plus
Otro de los puntos que investiga la Justicia es el presunto cobro de un plus para atender a los afiliados de PAMI.
De acuerdo con los testimonios incorporados a la auditoría, algunos jubilados señalaron que debieron abonar alrededor de 10.000 pesos para poder acceder a la atención médica, pese a tratarse de prestaciones cubiertas por la obra social.
Si estos hechos se comprueban, la investigación podría abarcar tanto el cobro indebido a los pacientes como la facturación de prestaciones al propio PAMI.
Una diferencia millonaria en la facturación
Según los datos difundidos en la denuncia, durante 2025 la Clínica Regional habría facturado aproximadamente 1.314 millones de pesos al PAMI.
Esa cifra supera en más de 800 millones de pesos la facturación registrada por otro prestador de características similares en la ciudad de General Pico. Si bien esa diferencia, por sí sola, no constituye una prueba de delito, fue uno de los elementos que encendió las alertas durante la auditoría.
La investigación quedó en manos de la Justicia Federal
Ahora será la Justicia Federal la encargada de determinar si existieron maniobras irregulares y establecer las responsabilidades correspondientes.
La causa busca esclarecer si hubo facturación de prestaciones inexistentes, cobros indebidos a afiliados y otras posibles irregularidades en la administración de fondos públicos destinados a la atención de jubilados.
El caso generó un fuerte impacto por involucrar recursos del sistema de salud destinados a uno de los sectores más vulnerables de la población, y se espera que en las próximas semanas avance la investigación judicial para determinar el alcance de las presuntas maniobras denunciadas.
