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La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil vuelve a poner en el centro del debate la inseguridad bonaerense, la falta de infraestructura y la capacidad de respuesta del Estado. Mientras la Justicia cuestiona las condiciones del sistema de alojamiento de menores, crece el interrogante sobre qué hicieron durante estos años el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad Javier Alonso para preparar a la provincia frente a una problemática que no es nueva.
La provincia de Buenos Aires vuelve a quedar atrapada en una discusión que parece repetirse una y otra vez: la inseguridad, la Justicia y un Estado que llega tarde.
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley N° 27.801, sufrió un freno inmediato en territorio bonaerense. Apenas dos días después de comenzar a regir la nueva normativa nacional, la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó suspender preventivamente su aplicación durante 60 días.
La decisión fue adoptada a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, argumentando principalmente la falta de infraestructura y recursos para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad.
La pregunta incómoda: ¿qué hizo la Provincia durante todos estos años?
La resolución judicial pone sobre la mesa una realidad que resulta difícil de ignorar: el sistema bonaerense no estaría preparado para afrontar plenamente las exigencias del nuevo régimen.
Y aquí aparece una pregunta política inevitable.
Si desde hace años la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los bonaerenses, si los delitos cometidos por menores forman parte de esa problemática y si se sabía que eventualmente habría modificaciones en el régimen penal juvenil, ¿por qué la Provincia no preparó con anticipación la infraestructura, los recursos humanos y los dispositivos necesarios?
La responsabilidad política no desaparece porque ahora exista una resolución judicial.
El gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso, tienen la obligación de explicar qué planificación existió, qué inversiones se realizaron y por qué, ante la entrada en vigencia de una nueva legislación, la respuesta termina siendo una suspensión judicial por falta de condiciones.
Porque una cosa es discutir cómo debe funcionar un régimen penal juvenil y otra muy diferente es que el Estado llegue al momento de aplicarlo sin las herramientas necesarias.
Una Justicia que también queda bajo la lupa
La resolución de la jueza Pascual sostiene que el Poder Judicial debe actuar preventivamente ante la posibilidad de una vulneración de derechos fundamentales y advierte sobre las condiciones de los centros de detención.
Es una discusión legítima y que debe darse dentro del marco constitucional y de los derechos humanos.
Pero también resulta inevitable preguntarse dónde queda la otra parte de la ecuación: los derechos de las víctimas y la seguridad de los ciudadanos.
Porque detrás de cada expediente hay víctimas, familias, comerciantes, trabajadores y vecinos que también esperan respuestas del Estado.
El debate no debería reducirse a una falsa elección entre derechos humanos y seguridad. Una sociedad democrática necesita ambas cosas: proteger los derechos de los menores y, al mismo tiempo, garantizar que quienes cometen delitos reciban una respuesta efectiva de la Justicia.
Cuando esa respuesta no llega, aparece una sensación cada vez más instalada entre los ciudadanos: la de que delinquir tiene pocas consecuencias.
Y ahí es donde el famoso “siga, siga” comienza a convertirse en algo más que una expresión futbolera.
El problema no se soluciona suspendiendo la realidad
La nueva legislación establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 17 años, con límites claros a las penas, prohibición de prisión perpetua y cumplimiento de las privaciones de libertad en establecimientos especializados.
También contempla alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y dispositivos de monitoreo electrónico.
Es decir, no se trata simplemente de encerrar menores.
Se trata de contar con un sistema capaz de intervenir cuando un adolescente comete un delito, responsabilizarlo por sus actos, trabajar en su reinserción y, al mismo tiempo, proteger a la sociedad.
Si la Provincia no tiene esos dispositivos, el problema no es la ley.
El problema es la falta de preparación del Estado.
¿Y las víctimas?
Mientras se discuten los estándares de los centros de alojamiento y las condiciones de los adolescentes detenidos, existe otra realidad que muchas veces queda relegada: las víctimas.
La persona que fue asaltada. El comerciante al que le entraron a robar. La familia que sufrió un hecho violento. El trabajador que perdió su herramienta de trabajo. El vecino que tiene miedo de salir de su casa.
También ellos tienen derechos.
Y el Estado tiene la obligación de protegerlos.
Por eso, la discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil debería servir para exigir más prevención, más recursos, más profesionalización y una Justicia que actúe con rapidez y eficacia, no para perpetuar un sistema donde las responsabilidades parecen diluirse entre oficinas, expedientes y decisiones que llegan después de que el delito ya ocurrió.
Kicillof y Alonso deben dar respuestas
La suspensión por 60 días no debería convertirse simplemente en otra demora administrativa.
Debería ser una oportunidad para que el gobierno bonaerense explique públicamente qué va a hacer durante esos 60 días.
Cuántos establecimientos están disponibles. Cuántos lugares existen. Cuántos profesionales trabajan. Qué presupuesto se destina. Qué obras están previstas. Qué mecanismos de seguimiento se implementarán y, fundamentalmente, cómo se garantizará que la sociedad también esté protegida.
Porque si el Estado sabía que debía prepararse y no lo hizo, alguien debe hacerse responsable políticamente.
La inseguridad no puede resolverse con discursos. Tampoco con estadísticas.
Y mucho menos con un “siga, siga” institucional que termine dejando a las víctimas mirando desde afuera cómo los delincuentes vuelven a la calle.
El próximo 16 de septiembre, las autoridades provinciales deberán presentarse ante el tribunal para informar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan implementar y en qué plazos.
Será una nueva oportunidad para escuchar respuestas.
Pero esta vez, los bonaerenses tienen derecho a exigir algo más que explicaciones: quieren resultados.
Con info de Infobae
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